Lobby, errores y gestión política

En el caso de las reuniones ministeriales con privados en casa de un conocido lobista, que ya se puede calificar de escándalo por sus protagonistas y eventuales repercusiones (políticas y legales) quedaron nuevamente en evidencia importantes déficit en la coordinación política del gabinete, así como en la gestión de crisis del llamado “segundo piso” de La Moneda.

Con la misma firmeza con que el Gobierno defendió inicialmente las pensiones de gracia a individuos con antecedentes penales, sólo para luego dar pie atrás, en este caso la primera reacción del Presidente Boric fue justificar las reuniones como legítimos espacios de diálogo sólo para días después reconocer un “error” y pedir a sus ministros que las registraran en la plataforma infolobby. Un giro radical.

Sólo a instancias del Mandatario los ministros asistentes a las polémicas citas aceptaron registrarlas, en vista del revuelo ante la opinión pública y las críticas tanto de la oposición como del propio oficialismo. La excepción fue la titular de Interior, que sólo en razón de un requerimiento por Ley de Transparencia aceptó revelar con quienes había coincidido en la ocasión.

El argumento de que el caso apunta a la necesidad de perfeccionar la Ley de Lobby es sólo parcialmente plausible, pues la manera “por goteo” en que se ha ido conociendo la información sobre las reuniones apunta -como han señalado analistas transversalmente- a un problema de transparencia en la acción gubernativa, existiendo un marco de reglas al efecto, aun cuando imperfecto. Como recurso político, la admisión de errores deja de funcionar como mecanismo para superar problemas cuando se vuelve de uso reiterativo, y son necesarias acciones más concretas para preservar la credibilidad.

No ha sido más encomiable la respuesta de los privados que han justificado asistir a reuniones a puerta cerrada con altas autoridades. La transparencia -en aras de la probidad y la fe pública- es exigible a todos los actores que interactúan con el Gobierno. El registro público de reuniones de lobby -al que este diario tuvo acceso para revisar la agenda de nueve ministerios y así informar a sus lectores- tiene justamente ese sentido y ningún otro.